El vicio de la corrupción socava el desarrollo social y político de los pueblos. Es un fenómeno creciente que va penetrando insidiosamente en muchos sectores de la sociedad, burlándose de la ley e ignorando las normas de justicia y de verdad.
La corrupción es difícil de contrarrestar, porque adopta múltiples formas; sofocada en un área, rebrota a veces en otra. El hecho mismo de denunciarla requiere valor. Para erradicarla se necesita, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los ciudadanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral.

Una gran responsabilidad en esta batalla recae sobre las personas que tienen cargos públicos. Es cometido suyo empeñarse en una ecuánime aplicación de la ley y en la transparencia de todos los actos de la administración pública.
El Estado al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común. El buen gobierno requiere el control puntual y la corrección plena de todas las transacciones económicas y financieras. De ninguna manera se puede permitir --como ha ocurrido entre nosotros en el Perú- que los recursos destinados al bien público sirvan a otros intereses de carácter privado e incluso criminal.

El uso fraudulento del dinero público castiga sobre todo a los pobres, que son los primeros en sufrir la privación de los servicios básicos e indispensables para el desarrollo de la persona. Cuando la corrupción se introduce en la administración de la justicia, son también los pobres los que han de soportar con mayor rigor las consecuencias: retrasos, ineficiencia, carencias estructurales, ausencia de una defensa adecuada.
Estas consideraciones éticas las he asumido del mensaje del Santo Padre Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz del año 1998.

Señor Presidente, usted ha querido llamarnos para constituir este grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción que ha de formular un diagnóstico sobre la corrupción en nuestro país y promover una agenda nacional de lucha contra la corrupción a través de lineamientos de políticas públicas.
No es fácil la tarea que se nos ha confiado y en un plazo de tiempo corto; pero en el compromiso que estamos asumiendo y que usted mismo lidera ejemplarmente, no solo involucra a nuestras personas sino a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú: Estado, sociedad civil, grupos políticos, autoridades, fuerzas armadas, policía nacional y la ciudadanía toda.

Para eso estamos aquí respondiendo a su invitación y para alcanzarle Señor Presidente el primer esbozo de un plan y un compromiso ético por el Perú contra la corrupción que ha socavado nuestra sociedad y nuestras instituciones públicas. Esta primera entrega todavía germinal plantea fundamentalmente cuatro objetivos:
Esta primera entrega todavía germinal plantea fundamentalmente cuatro objetivos:
o Institucionalizar la lucha contra la corrupción.
o Promover la ética pública.
o Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
o Fomentar la vigilancia ciudadana.

Para alcanzar esos objetivos estamos proponiendo algunas acciones concretas y determinados instrumentos legales e institucionales y sobre todo destacamos los criterios éticos y morales que deben inspirar y animar este proceso de regeneración moral e institucional del país.

Nuestra propuesta, todavía incipiente, que sometemos a su digna consideración, está abierta a las sugerencias e iniciativas de las diferentes instituciones y actores de la sociedad civil. Para ello, reclamamos el compromiso personal y colectivo de todas las fuerzas vivas potenciando las reservas morales que todavía guarda nuestro pueblo del Perú.
Mons. Miguel Irizar Campos, C.P.
25 de Abril de 2001

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Se requiere valor en la lucha contra
la corrupción.